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viernes, 12 de junio de 2009

Las resistencias ante el ascenso del terrosismo de Estado


Por Mónica Muñiz Mexicano



El terrorismo de Estado que vivió América Latina durante los setentas no termino en esos años. Sigue presente en la actualidad. En México nos encontramos en un estado de guerra, no una guerra abierta entre fuerzas militares que pueden equipararse, sino en una guerra sutil, ambigua, que se desarrolla en diferentes niveles o frentes de acción. Abrir esta discusión tanto en los sectores académicos como en los movimientos sociales, nos permitirá construir respuestas planificadas y colectivas y no reacciones espontáneas y aisladas ante la represión.

El Estado mexicano, con la presencia del ejército, cerca y hostiga permanentemente a las comunidades en resistencia, impidiendo o dificultando que desarrollen sus proyectos civiles y pacíficos de autonomías, educación, salud y comercio. Otra de sus estrategias más utilizadas es la criminalización de la protesta social y de los luchadores sociales, persiguiéndolos y acusándolos de criminales comunes, terroristas o secuestradores; negándoles así la categoría de preso político o el delito de rebelión. Las acciones de represión sistemáticas incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, cateos, golpes, amenazas, humillaciones, tortura y tortura sexual a mujeres y hombres.

La tortura es la producción intencional de un daño físico, mental, familiar, comunitario y social, causado desde el poder del Estado, con el fin de lograr conductas que de otra manera no se producirían. Cuando los perpetradores de este daño no son castigados, cuando hay impunidad, se combinan dos delitos: la tortura y la impunidad; estos delitos son cometidos por servidores de los gobiernos, con la aceptación y el aprovechamiento de sus efectos por parte de los dueños del gran capital (financiero, oligárquico) y por otros sectores minoritarios, pero poderosos, del Estado, así como por las capas medias reaccionarias de la población.

La conducta inmediata más importante que produce la tortura es el terror, que neutraliza la voluntad de las personas y las colectividades. Más adelante, la tortura busca la destrucción de la persona torturada, con lo cual se intensifica el terror en su entorno social. Por ello, la combinación de esos dos delitos: la tortura y la impunidad, sumados al efecto de los mensajes emitidos por los grandes medios de comunicación, producen una situación de terror en las comunidades afectadas con el objetivo de destruir sus procesos de organización; eso sólo puede ser considerado como terrorismo de Estado.

El terrorismo de Estado es una forma que adopta el gran capital, cuando ya no tiene argumentos que disminuyan la inconformidad social causada por la explotación, la opresión, el saqueo y la destrucción de la naturaleza. Así, es un recurso de las dictaduras ya instituidas o en formación. Tal es el caso de la oligarquía centroamericana que en recientes días se ha impuesto sobre la voluntad del pueblo de Honduras. En otras palabras, la oligarquía y su Estado usan la tortura —combinada con impunidad y con los medios de comunicación— contra el pueblo.

El terrorismo de Estado es un arma que, en la lucha de clases, tienen a mano los dueños del capital para imponer su voluntad sobre el resto de la población.

En México, al igual que en el resto del mundo capitalista, los nombres de los sobrevivientes y de los muertos por la tortura son, con raras excepciones, nombres de trabajadores, de indígenas, de estudiantes, de luchadoras y luchadores sociales. Y los nombres de los torturadores pertenecen a los sirvientes del capital: a presidentes, gobernadores, jueces, policías, oficiales del ejército y profesionistas cómplices.

El panorama es deplorable. El Estado avanza con todo su aparato de inteligencia militar, mientras que las luchas sociales no acaban de ponerse de acuerdo. La posibilidad de la tortura existe, pero también la capacidad de afrontarla y seguir construyendo el camino hacia el futuro, por ello la esperanza no se evapora, sino crece torrencialmente.

Es necesario combatir la impunidad y el silencio, buscar la justicia y la verdad, recordar para no repetir, a pesar del silencio con que el Estado actúa a favor del olvido.

La apuesta está en construir herramientas en la interdisciplina, que ayuden a las y los sobrevivientes de tortura y de otras violaciones a los Derechos Humanos a reconstruir su dignidad e identidad; a reconstruir el tejido social de las comunidades, a continuar desarrollando la construcción del poder popular en las comunidades, construyendo a su vez formas de relación diferentes, donde los efectos del terrorismo de Estado tengan menos cabida.



Es necesario entender que el Estado aplica la tortura como parte de una estrategia de guerra. Saber cuáles son sus objetivos, sus motivos y sus consecuencias posibilitará desarrollar estrategias colectivas de resistencia.


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