ATENCO: Lucha Sin Tregua

Con machete en alto los campesinos de San Salvador Atenco han llevado adelante una lucha que se ha convertido en ejemplo de coraje y dignidad. Habiendo impedido la construcción del aeropuerto sobre sus tierras, el ahora Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra trascendió las demandas de esa coyuntura reivindicando el derecho de los pueblos a la tierra, a la autodeterminación, a la dignidad. A 4 años de la represión brutal del 3 y 4 de mayo de 2006, Atenco no se rinde, hoy día encabeza una resistencia cuyo imperativo innegociable es -a poco tiempo del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)- la liberación irrestricta de los presos políticos.

El 22 de octubre de 2001, durante el gobierno de Vicente Fox, el entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, da a conocer que la sede alterna del aeropuerto internacional de la Ciudad de México sería construida en Texcoco. En el Diario Oficial de la Federación se anuncia la expropiación de 5,091 hectáreas de cultivo que serán pagadas al irrisorio precio de 7.20 pesos el metro cuadrado, de estas, 3,700 hectáreas ejidales corresponden al municipio de San Salvador Atenco.

Entonces la indignación y con ésta la férrea resistencia. Desde aquel momento Atenco inicia una movilización política enérgica que se niega rotundamente a aceptar la imposición, que definitivamente no negociará, y que no daría tregua sino hasta el anuncio de la cancelación del proyecto en Texcoco y la abrogación del decreto expropiatorio, el 1 de agosto de 2002.

3 y 4 de mayo de 2006

La victoria fortaleció el movimiento y posibilitó su vinculación del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) con otras luchas y resistencias del Estado de México y de otras regiones del país.

En 2006 el Frente se solidariza con los floricultores de Texcoco que comercian sus productos en la vía pública, ante la amenaza de ser desalojados y despojados de su fuente de subsistencia. El 10 de abril, campesinos de la región llevan sus hortalizas para vender en el mercado Belisario Domínguez, pero cerca de 100 policías municipales y 20 funcionarios del Ayuntamiento les impiden instalarse, dos días después se produce un enfrentamiento al resistir a un desalojo. Posteriormente inician negociaciones con las autoridades y acuerdan que a partir del 3 de mayo podrían continuar la venta de flores con normalidad. El Frente, liderado por Ignacio del Valle, asiste a ser testigo de la instalación de los puestos en el centro histórico. Al llegar al sitio los esperaba la policía estatal y municipal. El acuerdo había sido incumplido, inicia la provocación.

Los floricultores son desalojados de manera violenta después de un fuerte enfrentamiento. Transcurre todo el día en tensión. Se organizan bloqueos en la carretera Lechería-Texcoco y hay enfrentamientos entre policías y atenquenses. Empiezan las detenciones y la policía asesina de un disparo a quemarropa a Javier Cortes de 14 años. El FPDT mantiene en el auditorio Emiliano Zapata a 11 policías retenidos.

El 4 de mayo, con lujo de violencia, más de 3, 000 efectivos federales y estatales toman por asalto el pueblo de San Salvador Atenco. Los policías fuertemente armados, lanzaron gases lacrimógenos, allanaron casas sin orden judicial, golpearon brutalmente a todas y todos los que encontraron a su paso, hombres, mujeres, niños o ancianos. La saña y brutalidad ejercida -propia de la practica contrainsurgente- no dejan lugar a dudas, se trataba de una venganza hacia el pueblo rebelde, de un castigo ejemplar a la resistencia, de sembrar el terror ante la “amenaza popular”. Los saldos de esta violencia bárbara son aberrantes: Javier Cortes de 14 años muerto por un impacto de bala; Alexis Benhumea, estudiante y artista muere también después de 1 mes de agonía a causa del impacto de un proyectil de gas lacrimógeno; 217 detenciones violentas, ilegales y arbitrarias; todos los detenidos fueron golpeados, torturados, y sus derechos humanos pisoteados en medio de un proceso jurídico plagado de irregularidades; las mujeres fueron torturadas sexualmente y 45 de 47 fueron violadas.

Los acontecimientos del 3 y 4 de mayo de 2006 pasan a formar parte de la historia como uno más de los episodios vergonzantes en el que el Estado vuelca toda su violencia contra la resistencia popular.

Ante este golpe brutal y a pesar del desgarramiento colectivo que han significado los atropellos, el hostigamiento, las vejaciones, el encarcelamiento injusto de compañer@s, Atenco ha mantenido empuñado el machete en alto, con coraje y sin titubeos, el machete bien en alto con fuerza y sin concesiones en las luchas que ya son una sola y que es de tod@s y para tod@s: la lucha por la dignidad.

Justicia para Atenco, para los 12 presos: ¡LIBERTAD AHORA!

POR: Comité Unidad y acción por la Libertad de los Presos Políticos de Atenco

Contacto: porlospresosdeatenco@gmail.com

Las resistencias ante el ascenso del terrosismo de Estado

Por Mónica Muñiz Mexicano

El terrorismo de Estado que vivió América Latina durante los setentas no termino en esos años. Sigue presente en la actualidad. En México nos encontramos en un estado de guerra, no una guerra abierta entre fuerzas militares que pueden equipararse, sino en una guerra sutil, ambigua, que se desarrolla en diferentes niveles o frentes de acción. Abrir esta discusión tanto en los sectores académicos como en los movimientos sociales, nos permitirá construir respuestas planificadas y colectivas y no reacciones espontáneas y aisladas ante la represión.

El Estado mexicano, con la presencia del ejército, cerca y hostiga permanentemente a las comunidades en resistencia, impidiendo o dificultando que desarrollen sus proyectos civiles y pacíficos de autonomías, educación, salud y comercio. Otra de sus estrategias más utilizadas es la criminalización de la protesta social y de los luchadores sociales, persiguiéndolos y acusándolos de criminales comunes, terroristas o secuestradores; negándoles así la categoría de preso político o el delito de rebelión. Las acciones de represión sistemáticas incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, cateos, golpes, amenazas, humillaciones, tortura y tortura sexual a mujeres y hombres.

La tortura es la producción intencional de un daño físico, mental, familiar, comunitario y social, causado desde el poder del Estado, con el fin de lograr conductas que de otra manera no se producirían. Cuando los perpetradores de este daño no son castigados, cuando hay impunidad, se combinan dos delitos: la tortura y la impunidad; estos delitos son cometidos por servidores de los gobiernos, con la aceptación y el aprovechamiento de sus efectos por parte de los dueños del gran capital (financiero, oligárquico) y por otros sectores minoritarios, pero poderosos, del Estado, así como por las capas medias reaccionarias de la población.

La conducta inmediata más importante que produce la tortura es el terror, que neutraliza la voluntad de las personas y las colectividades. Más adelante, la tortura busca la destrucción de la persona torturada, con lo cual se intensifica el terror en su entorno social. Por ello, la combinación de esos dos delitos: la tortura y la impunidad, sumados al efecto de los mensajes emitidos por los grandes medios de comunicación, producen una situación de terror en las comunidades afectadas con el objetivo de destruir sus procesos de organización; eso sólo puede ser considerado como terrorismo de Estado.

El terrorismo de Estado es una forma que adopta el gran capital, cuando ya no tiene argumentos que disminuyan la inconformidad social causada por la explotación, la opresión, el saqueo y la destrucción de la naturaleza. Así, es un recurso de las dictaduras ya instituidas o en formación. Tal es el caso de la oligarquía centroamericana que en recientes días se ha impuesto sobre la voluntad del pueblo de Honduras. En otras palabras, la oligarquía y su Estado usan la tortura —combinada con impunidad y con los medios de comunicación— contra el pueblo.

El terrorismo de Estado es un arma que, en la lucha de clases, tienen a mano los dueños del capital para imponer su voluntad sobre el resto de la población.

En México, al igual que en el resto del mundo capitalista, los nombres de los sobrevivientes y de los muertos por la tortura son, con raras excepciones, nombres de trabajadores, de indígenas, de estudiantes, de luchadoras y luchadores sociales. Y los nombres de los torturadores pertenecen a los sirvientes del capital: a presidentes, gobernadores, jueces, policías, oficiales del ejército y profesionistas cómplices.

El panorama es deplorable. El Estado avanza con todo su aparato de inteligencia militar, mientras que las luchas sociales no acaban de ponerse de acuerdo. La posibilidad de la tortura existe, pero también la capacidad de afrontarla y seguir construyendo el camino hacia el futuro, por ello la esperanza no se evapora, sino crece torrencialmente.

Es necesario combatir la impunidad y el silencio, buscar la justicia y la verdad, recordar para no repetir, a pesar del silencio con que el Estado actúa a favor del olvido.

La apuesta está en construir herramientas en la interdisciplina, que ayuden a las y los sobrevivientes de tortura y de otras violaciones a los Derechos Humanos a reconstruir su dignidad e identidad; a reconstruir el tejido social de las comunidades, a continuar desarrollando la construcción del poder popular en las comunidades, construyendo a su vez formas de relación diferentes, donde los efectos del terrorismo de Estado tengan menos cabida.

Es necesario entender que el Estado aplica la tortura como parte de una estrategia de guerra. Saber cuáles son sus objetivos, sus motivos y sus consecuencias posibilitará desarrollar estrategias colectivas de resistencia.


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